MADRID.- Los trabajos de exhumación que realizan las asociaciones de memoria histórica desde el año 2000 persiguen la rápida identificación de los restos de personas desaparecidas para su posterior devolución a las familias. Pero, ¿qué ha sucedido cuando estos huesos se han hallado en el transcurso de obras públicas o sin que medie una petición concreta de búsqueda? En los últimos 30 años, bajo la competencia del Govern de la Generalitat de Catalunya, se han exhumado decenas de cuerpos que permanecen sin identificar.
Las familias que buscan a sus desaparecidos en la zona sospechan que, en algunos casos, estos restos se volvieron a sepultar bajo tierra y, en otros, tuvieron como destino las empresas privadas que realizaron las labores arqueológicas de urgencia en obras públicas, sedes de la propia administración u osarios y cajas en memoriales. Por ello, las asociaciones Col·lectiu República del Baix Llobregat —representada por Felipe Moreno— y Lo Riu —con Joan Ruana—, junto a Marc Antoni Malagarriga, como coordinador de la denuncia, solicitan la intervención de la justicia argentina en el marco de la querella abierta en ese país contra responsables de crímenes del franquismo.
En concreto, los denunciantes reclaman a la jueza instructora del caso, María Servini, que libre un exhorto a los juzgados de Barcelona, Tarragona y Mataró para que “se haga uso de los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados, y se cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos”, según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso Público.
En Catalunya funciona, desde julio de 2012, el Banco público de ADN, dependiente de la unidad de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona. Allí se albergan las muestras genéticas de poco más de un centenar de parientes de desaparecidos, información que no se ha cruzado con los cadáveres exhumados en las últimas décadas.
“Esta reclamación pretende que empiece a girar la rueda del protocolo de identificación, algo que no se debe parar nunca y que tiene que enfrentar los datos de los vivos y de los muertos”, sostiene Malagarriga, sobrino de un desaparecido en la zona de la batalla del Ebro. “Lamentamos que este trámite no pueda hacerse efectivo aún con garantías en nuestro país, con un más que probable corto recorrido dentro del sistema judicial catalán y también en el resto del estado español”, auguran en el escrito.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es el marco legal en el que sostienen la iniciativa. Además, buscan así “mayor información” para incorporar a la causa argentina.
Otra de las críticas plasmadas en la denuncia tiene que ver con la diferencia entre el número de familiares censados en Catalunya que buscan a represaliados del franquismo, alrededor de 4.600, y el centenar de personas que han entregado muestras al banco de ADN. “No se ejecuta el protocolo de identificación y no se informa a las familias de este recurso”, lamenta Malagarriga.
Obras de molinos de viento y cajas en una cueva
Estos parientes de desaparecidos señalan algunos de los lugares donde reposan restos humanos exhumados bajo competencia de la Generalitat catalana en los últimos años. Uno de ellos es el memorial de Les Campusines, en La Fatarella (Tarragona), que almacena decenas de huesos en cajas dentro de una osera que se usó como búnker. Urnas en algunos monumentos conmemorativos y laboratorios públicos y privados de arqueología y antropología forense son las otras localizaciones. Sin embargo, los denunciantes desconocen en qué año fueron exhumados, las condiciones en que se ejecutaron esos trabajos y la investigación histórica previa.
“Reclamamos un directorio claro y con todos los datos sobre dónde están estos cuerpos, de dónde los sacaron y qué estudios se han hecho sobre ellos”, insiste Malagarriga. “Con las obras de los molinos de viento de las centrales eólicas se han sacado, y sospechamos que en muchos casos se han ignorado”, deplora.
La zona de la batalla del Ebro, tierra de labradores payeses que fue duramente hostigada por la aviación y la artillería franquistas en 1938, es una de las áreas donde los familiares creen que se ha producido un mayor número de extracciones de huesos de posibles desaparecidos.
Imágenes cedidas por Marc Antoni Malagarriga de su tío Guillem, desaparecido en 1938.
Los obstáculos, en la propia ley catalana de fosas
La avanzada política pública de memoria histórica en Catalunya, pionera en muchos aspectos, ha hecho aguas a la hora de poner en marcha algunos de sus puntos, a juicio de estos parientes de víctimas.
Una interpretación de la ley catalana de fosas, de 2009, podría amparar esta dejadez en la responsabilidad pública de identificar los restos hallados. El artículo 2 de esta norma expresa que “la Administración de la Generalidad debe procurar localizar y, si procede, recuperar e identificar a las personas desaparecidas”. Es decir, prevalece la tarea de la localización frente a las de recuperación e identificación de la persona hallada, las principales demandas de los familiares.
“Es una de las muchas incongruencias de esta ley que no se ajusta al derecho internacional”, remacha Malagarriga. Para la abogada de la querella argentina que asiste a los querellantes en España, Ana Messuti, todo es “la consecuencia de no judicializar estas muertes desde un primer momento”. “Si estos cuerpos no se han exhumado siguiendo los debidos protocolos se habrá perdido mucha información”, subraya.
Otro de los letrados de la querella argentina, Máximo Castex, con sede en Buenos Aires, ha aprovechado una visita a Barcelona para recoger la denuncia y presentarla los próximos días ante la jueza Servini.
El tejedor que se refugió de la guerra trabajando de payés
La motivación que mueve a Marc Antoni Malagarriga a coordinar esta denuncia tiene que ver con su tío Guillem, el hermano gemelo de su padre, desaparecido en 1938. Algunos indicios localizan a este tejedor de una fábrica textil de la cuenca del Llobregat en Chile y, otros, por la zona de La Granadella, en Lleida. Formó parte de una columna de emboscados que trató de huir por Andorra. Emprendió ese último viaje del que se tiene constancia con su hermano y dos primos.
“Le llamaron a quinta y firmó las primeras citaciones, pero la última no, y se escondieron en la casa de un familiar payés, ayudando en las tareas del campo, hasta que se fueron hacia Andorra. Les interceptaron, y mi padre fue hecho prisionero pero salvó la vida”, explica el sobrino. Guillem escapó, pero Marc Antoni cree que pudo regresar para buscar a su hermano. Y durante ese camino de vuelta, pasados unos días, la familia desconoce si se entregó o le detuvieron.
“Después estuvo preso en un campo de trabajo que se movió de la zona del Ebro a la frontera con Andorra, en el otoño de 1938. Hacia diciembre dispersaron a los presos, y ahí le perdemos la pista”, detalla. Poco antes, el abuelo de Marc Antoni recibió una postal de su hijo en la que escribía, entre otras cosas, en catalán: “(…) si puede, me vendrían bien unos zapatos”. En el remite de la postal, una escueta dirección: ‘Camp de Treball [campo de trabajo] nº 2. Campamento base 8ª C.C. nº 10’.
